El lunes 7 de julio de 2025, alrededor de las 10 de la mañana, acompañados de un grupo de ciudadanos presentamos una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra la Ley de Integridad Pública. Esta acción legal busca impugnar una normativa que, bajo un nombre aparentemente favorable, contiene disposiciones que, a nuestro juicio, vulneran derechos fundamentales y garantías laborales de los servidores públicos. La ley, lejos de fortalecer el servicio civil, impone restricciones que resultan regresivas y perjudiciales.
Restricciones Salariales y el Principio de Progresividad de Derechos
La Ley de Integridad Pública establece un limitante a los aumentos salariales, creando un precedente negativo para los servidores públicos. Esta medida no solo contraviene el principio de progresividad de los derechos, consagrado en la Constitución, sino que también desincentiva la profesionalización y el mérito en la función pública. Al congelar o restringir el crecimiento de los sueldos, la ley ignora el aumento del costo de vida y el esfuerzo de los trabajadores del Estado, generando un estancamiento económico que afecta directamente a sus familias.
Además, esta restricción salarial rompe la equidad y la justicia económica al no considerar las diferencias en la experiencia, la capacitación y la responsabilidad de los distintos cargos. Una política de esta naturaleza es contraria al espíritu de un Estado moderno y eficiente, que debería premiar el rendimiento y la dedicación, no penalizarlos.
Inestabilidad Laboral y Falta de Garantías
Pese a su nombre, la Ley de Integridad Pública no fortalece la estabilidad laboral. Por el contrario, genera un ambiente de incertidumbre y vulnerabilidad para los servidores públicos. Las disposiciones de la ley no ofrecen garantías claras para proteger a los trabajadores de posibles arbitrariedades o despidos injustificados, lo cual es fundamental para el buen funcionamiento de la administración pública.
Un servicio público eficiente y libre de presiones políticas o económicas requiere de la seguridad de sus trabajadores. La falta de estabilidad laboral conduce a una administración pública débil y susceptible a influencias externas, socavando la independencia y la imparcialidad que deben caracterizar al Estado. La Constitución establece un marco de protección a los trabajadores y esta ley, al no reforzarlo, lo debilita.
Retraso en el Estímulo a la Jubilación: una Medida Regresiva
Una de las disposiciones más perjudiciales y claramente inconstitucionales de la ley es el aumento de cinco años en el tiempo de espera para percibir el estímulo a la jubilación. Este derecho, que los servidores públicos han adquirido legal y constitucionalmente a lo largo de su carrera, se ve pospuesto de manera injustificada.
Esta medida representa una clara regresión de derechos adquiridos, algo que la Constitución prohíbe de forma explícita. El estímulo a la jubilación no es un regalo, sino una compensación justa por años de servicio al país. Retrasar su entrega es un acto de despojo que afecta la planificación financiera y la calidad de vida de personas que han dedicado su vida a la función pública.
En resumen, la Ley de Integridad Pública es un retroceso en materia laboral. Por estas razones, esta demanda busca que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de los artículos que vulneran los derechos de los servidores públicos, con el fin de proteger las garantías de miles de familias y asegurar un servicio público justo, digno y eficiente.
